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LA NUEVA ESPAÑA/ WWW.INE.ES

Agencias / F. G. El Gobierno dio marcha atrás al suprimir ayer mediante decreto ley las tasas judiciales para las personas físicas implantadas a iniciativa del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. No sucede lo mismo con los trabajadores autónomos y las pymes, que seguirán pagando si la cuantía supera los 2.000 euros. Por debajo de esa cantidad estarán exentos como hasta ahora.

Las personas físicas dejarán de abonar las tasas judiciales a partir del lunes. La modificación será publicada este fin de semana en el "Boletín Oficial del Estado". Desde el primero de enero de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2014, el Gobierno recaudó 125,9 millones con estas tasas: 65,1 el primer año y 60,8 en el segundo, según el Ministerio de Justicia. La recaudación total, entre personas físicas y jurídicas, ascendió a 564,4 millones.

El ministro Rafael Catalá reconoció que la eliminación de las tasas judiciales, anunciada el martes por el presidente Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación, responde a una "reivindicación muy extendida" de la totalidad de los profesionales del sector, que pedían su retirada para las personas físicas y también para las pymes.

En principio, este decreto ley pone punto final al pago de tasas fijas de hasta 1.200 euros y también a la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tenían que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 por uno de casación ante el Tribunal Supremo.

Por lo demás, no se han introducido cambios en las cuantías para las pymes al considerar el Gobierno que, al tratarse de empresas pequeñas, la mayoría de los litigios serán de una cuantía inferior a los 2.000 euros, que es la cantidad hasta la cual están exentas de tasa. En el caso de mayores cuantías, el gasto puede ser minorado en su Impuesto de Sociedades.

El Ministro no precisó el destino de los más de 512 millones recaudados con las tasas judiciales, cuando el Gobierno se había comprometido a dedicarlas a la financiación de la justicia gratuita. "Estas tasas se destinan a la caja común, a la financiación de los servicios públicos", señaló.

Sobre si su retirada significa que el Gobierno reconoce que limitaban el acceso a la Justicia a los ciudadanos, Catalá aseguró que desde la aprobación de las tasas en 2012 no se detectó que hayan tenido un impacto directo en la reducción de la litigiosidad.

Junto a la eliminación de las tasas para las personas físicas , el Consejo de Ministros aprobó tres proyectos en el ámbito de Justicia: la ley orgánica del Poder Judicial y la de Enjuiciamiento Civil.

El ministro de Justicia anunció por último medidas para especializar Juzgados de forma temporal y adscribir jueces o secretarios al magistrado que esté conociendo de una causa penal compleja. Y otras para equilibrar el reparto entre Juzgados tanto limítrofes como de una misma región. La reforma incluye también medidas para mejorar la protección que se da a las víctimas de la violencia de género.